Los funcionarios contratados a honorarios en instituciones públicas a menudo enfrentan incertidumbre respecto a sus derechos laborales. Sin embargo, los Tribunales Laborales han reconocido, en ciertos casos, la existencia de una relación laboral que otorga derechos similares a los de los trabajadores contratados bajo el Código del Trabajo. Esto se fundamenta en el criterio de confianza legítima, el cual establece que, si un trabajador ha desarrollado funciones con continuidad, subordinación y dependencia, puede considerar que su relación es más que solo un contrato de honorarios.
Este principio ha permitido a muchos empleados reclamar derechos como indemnización por años de servicio, vacaciones, cotizaciones previsionales, fuero maternal y otros beneficios. La confianza legítima respalda la idea de que un empleado no debe quedar desprotegido si sus funciones cumplen con los elementos de una relación laboral tradicional.
Importancia de Reunir Evidencias: Para que se reconozca esta relación laboral, es crucial presentar pruebas, como correos institucionales y documentos que demuestren órdenes e instrucciones recibidas. Esto puede fortalecer el caso y garantizar el acceso a derechos protegidos por ley.